Reconfiguración del lazo comunitario En una comunidad donde las viviendas están muy cercanas entre sí, tres familias comparten un espacio atravesado por tensiones constantes. A raíz de múltiples episodios de violencia —principalmente dirigidos hacia niñas y niños —, se emitió una orden de restricción contra la señora “M”, la cual prohibía todo tipo de comunicación con sus vecinas. El documento señala que “M” es sordomuda, lo cual ha generado múltiples malentendidos, pues en realidad, “M” escucha y comprende lo que se le dice. Aunque presenta un déficit significativo en su capacidad de comunicación verbal, este diagnóstico erróneo. Sin embargo, al estar inscrito legalmente, ha dificultado su posibilidad de expresar necesidades, pedir ayuda o defenderse frente a ciertos señalamientos, convirtiéndose en un obstáculo simbólico y práctico para el avance del proceso comunitario. Antes del acompañamiento, el entorno era muy tenso, reactivo y cargado de miedo. Una de las madres mantenía un conflicto abierto con la señora “M”, lo que la llevaba a vivir en constante estado de alerta, protegiendo a sus hijos e intentando evitar cualquier contacto con ella. La otra madre, por el contrario, solía defender a “M” y manifestaba desacuerdo con la hostilidad hacia ella, lo que generaba fricciones con la primera. Esta tensión entre ambas también se ha trasladado a la vida cotidiana de sus hijas e hijos, quienes crecían bajo una lógica de vigilancia y lealtades divididas, asumiendo roles de protección o posicionamientos conflictivos frente a los adultos. El diálogo estaba ausente: el miedo, el enojo y el resentimiento ocupaban su lugar. Desde la Clínica del Lazo Social, se inició un proceso de escucha con las madres y sus hijas e hijos, donde se pudo comenzar a nombrar el malestar, cuestionar las formas de vínculo sostenidas en la violencia, y abrir la posibilidad de asumir una responsabilidad distinta ante los conflictos. Con las infancias se ha trabajado en el fortalecimiento de su autonomía, alentando su derecho al juego, al espacio propio y a la separación subjetiva respecto a los conflictos de los adultos. En paralelo, se brindó acompañamiento jurídico, no solo para aclarar el alcance de la orden de restricción, sino para resignificarla: no como una sanción absoluta, sino como una medida que también puede ser punto de partida para construir nuevas formas de convivencia respetuosas y sostenibles. En este sentido, se propuso una reunión de conciliación mediada, donde se pudiera hablar del daño, del resentimiento, y también de las posibilidades de estar en un mismo territorio sin repetir la violencia. A pesar del diagnóstico erróneo que figura en el expediente, la señora “M” ha sido incluida en este proceso, y se ha reconocido su capacidad de comprensión y su voluntad de participar en la reunión. Esto ha implicado trabajar con mayor cuidado en la forma en que se establece la comunicación con ella, respetando su singularidad y reconociendo su lugar como parte activa de esta historia. Desde la Clínica del Lazo Social, se inició un proceso de escucha con las madres y sus hijas e hijos, donde se fue posible comenzar a nombrar el malestar, cuestionar las formas de vínculo sostenidas en la violencia y abrir la posibilidad de asumir una responsabilidad distinta ante los conflictos. Con las infancias se ha trabajado en el fortalecimiento de su capacidad de participación y cooperación dentro del entorno familiar y comunitario, alentando formas de relación menos centradas en la vigilancia o el cuidado adulto, y más orientadas a fortalecer vínculos de confianza, juego compartido y construcción conjunta de acuerdos.